Siete años de inhabilitación para el alcalde de Aramaio por la consulta sobre el TAV

El alcalde del municipio alavés de Aramaio, Asier Agirre, ha sido condenado a siete años de inhabilitación por el juzgado número 2 de Vitoria por un delito de prevaricación al celebrar un referéndum sobre la necesidad o no del tren de alta velocidad que fue suspendida por un juzgado de Vitoria y que finalmente se llevó a cabo. El primer edil, sin embargo, ha sido absuelto de la acusación de desobediencia hecha por la Fiscalía.La consulta se celebró los días 28, 29 y 30 de septiembre de 2007 coincidiendo con la elección de los alcaldes pedáneos de la localidad y, según la Fiscalía, se emplearon para ello medios materiales -urnas- y personales del Ayuntamiento.En el fallo, la magistrada Elena Cabrera considera “probado” que el alcalde de Aramaio “ideó un plan” para convocar un referéndum con el fin de conocer la opinión de los vecinos sobre el Tren de Alta Velocidad, “sin cumplir con los requisitos que el Ordenamiento Jurídico establece para este tipo de consultas”.

El alcalde de Aramaiao, Asier Agirre, contesta a los periodistas antes del juicio. | N. González

La consulta se llevó a cabo los días 28, 29 y 30 de septiembre de 2007, coincidiendo con la elección de los alcaldes pedáneos de la localidad, y en ella tomaron parte más del 50% de los vecinos (673 de un total de 1.280), de los cuales, 654 rechazaron el proyecto del TAV, 10 lo apoyaron y 9 votaron en blanco.

La magistrada argumenta que para realizar la encuesta “puso a disposición de la misma todos los medios materiales de titularidad del Ayuntamiento” y que el resultado de la misma “fue pegado en la puerta del Ayuntamiento usando un documento con membrete del Ayuntamiento de Aramaio”. Asimismo, le acusa de haber omitido comunicar a la Delegación del Gobierno español el acuerdo de la corporación “para evitar que se pudiera impugnar ante los tribunales”.

No obstante, le absuelve de un delito de desobediencia, al no quedar acreditado que Agirre tuviera conocimiento de la resolución del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Gasteiz que acordó la suspensión de la encuesta.

La Fiscalía le había acusado de sendos delitos de desobediencia a la autoridad judicial y de prevaricación, y pedía en total nueve años de inhabilitación para empleo y cargo público, mientras que la defensa, ejercida por el abogado Iñigo Iruin, solicitaba su absolución. En su defensa, Agirre negó que se hubiera celebrado una consulta sino una encuesta.

Finalmente, la juez encargada del caso le ha impuesto siete años de inhabilitación y le ha condenado al pago de las costas del proceso.

La convocatoria del referéndum fue recurrida por el entonces delegado del Gobierno en el País Vasco, Paulino Luesma, por no contar con las autorizaciones requeridas por la Ley de Bases de Régimen Local, y suspendida por el Juzgado de lo contencioso-administrativo número 1 de Vitoria el 28 de septiembre, aunque finalmente se llevó a cabo.

Asier Agirre ha negado reiteradamente que lo que se celebró fuera una consulta y ha matizado que fue una “encuesta” y ha insistido en que él se enteró de las fechas cuando recibió una carta y vio carteles en la calle.

La resolución del juzgado número 2 de Vitoria no es firme, por lo que puede ser recurrida.

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