Consultas sí, pero sobre el TAV no

La Tal y como recoge Deia, la futura Ley Municipal prevé la celebración de consultas populares de forma legal, pero éstas estarán sujetas exclusivamente a las competencias locales y no podrán afectar a cuestiones como, por ejemplo, el TAV.
Deia» Una de las grandes novedades del proyecto de la Ley Municipal que el Parlamento vasco está a punto de debatir señala a la capacidad de los ayuntamientos vascos para convocar consultas populares y al poder de sus ciudadanos para presentar iniciativas que les permitan ser sujetos activos en la política. En un país en el que la soberanía popular directa es argumento recurrente de políticos, plataformas ciudadanas y medios de comunicación, la posibilidad de que ese poder fuera efectivo abriría una serie de posibilidades que, para bien o para mal, producen vértigo.

Los vecinos de Itsasondo, Aramaio, Elorrio, Anoeta o Urbina han votado contra el paso del TAV por su municipios. En la localidad alavesa de Lantarón, la plataforma que se opone a la instalación de la central de ciclo combinado se plantea llamar a sus vecinos a pronunciarse.

Zestoa votó en su día contra una incineradora. En Rentería también quisieron someter a consulta la instalación de una infraestructura similar, antes de que Zubieta ganara enteros para su ubicación, aún nada clara, por cierto. Para el recuerdo queda, por último, el no nos moverán de la ex alcaldesa de de Amorebieta-Etxano, Begoña Azarloza, que permitió una consulta sobre la central térmica de Boroa en contra de la opinión del PNV. Hoy en Amorebieta gobierna el mismo partido, pero el alcalde es otro. Así, la posibilidad de que la macropolítica pudiera ser marcada en corto por la voluntad popular ha sido hasta ahora ciencia ficción.

Y al parecer, lo seguirá siendo. La razón es que esas consultas e iniciativas populares sólo pueden referirse a las competencias, treinta para ser exactos, que el proyecto de ley reconoce a los ayuntamientos, y entre las que desde luego no se encuentran las infraestructuras ferroviarias o las centrales térmicas. Así, los habitantes de los pueblos y ciudades vascos podrán censurar a sus alcaldes de forma legal, siempre que el tema a debate suscite un consenso suficiente, pero nada más.

Las consultas podrán convocarse si así lo aprueba por mayoría absoluta el Pleno municipal en cuestiones de “especial importancia” y exceptuando los aspectos relativos a “las finanzas municipales”. Además, deberán someterse a Pleno las iniciativas populares respaldadas por un 20% de las poblaciones de 5.000 habitantes o menos, o por el 10% de los habitantes de aquellos municipios que superen esos 5.000 vecinos.

Entre las competencias sobre las que podrán votar los empadronados en los municipios vascos se encuentran la gestión de la política medioambiental del municipio, la regulación del transporte de mercancías en las vías urbanas, la gestión del patrimonio municipal o los planes de normalización del euskera. Los ciudadanos, y este detalle es importante, también podrán posicionarse en materia urbanística.

Los ciudadanos podrán opinar de forma legal sobre desarrollos urbanísticos o política medioambiental

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