La ordenación del territorio es un instrumento esencial para el desarrollo sostenible y equilibrado de las regiones. Sin embargo, en las últimas décadas, se ha observado una tendencia preocupante donde las instituciones, bajo la influencia de los poderes económicos, han desarrollado políticas que benefician intereses particulares sobre el bienestar común. Un claro ejemplo de esto es la promoción de infraestructuras a gran escala que, lejos de responder a necesidades reales de la población, responden a grandes intereses económicos.
El Caso de las Grandes Infraestructuras de Transporte
Uno de los ejemplos más sonados es la construcción de la línea de tren de alta velocidad, conocida como AHT o TAV en español. Este proyecto ha sido el centro de numerosos debates y manifestaciones. El pasado sábado fue testigo de una contundente manifestación que exigía la paralización de la obra, debido a las consideraciones económicas y medioambientales que muchos argumentan no se han valorado adecuadamente.
Papel de las Instituciones
Las instituciones, que se supone deben ser garantes de los derechos sociales y de un desarrollo equitativo, reciben críticas cuando actúan ágilmente sin un consenso social adecuado. El desarrollo llevado a cabo de forma vertical, sin participación ciudadana efectiva, a menudo refleja una falta de visión a largo plazo en favor del lucro inmediato, una práctica que es necesario cuestionar y reordenar.
Política, Economía y Sociedad
La relación entre política, economía y sociedad es compleja y, en muchos casos, desequilibrada. Mientras las decisiones puedan parecer favorables al principio, el resultado en la sociedad puede ser contrario al desarrollo inclusivo. Es crucial que se reevalúe el impacto social y medioambiental a largo plazo de estas decisiones.